jueves, 10 de enero de 2013

El camarada Depardiev


Es evidente que a nadie, a absolutamente a nadie, le gusta pagar impuestos. Los impuestos realizados sobre los ingresos que uno tiene durante un ejercicio, o sobre el capital acumulado que uno tiene, es para muchos, una pesada carga que en muchas ocasiones no se repercute de la misma manera a cada uno de sus ciudadanos. Da la sensación, en demasiadas ocasiones, de que la carga superior de éstos se da sobre las capas medias y bajas de la ciudadanía, mientras que las capas altas y más favorecidas encuentran resquicios legales para tributar menos de lo que deberían, y por tanto la carga no sea tan importante para ellos. Aquí en España son, sobre todo las famosas SICAV's y algunas exenciones de tributación por donde escapan, así como un elevado fraude fiscal, pero sobre todo, una elevada fuga de capitales, de evasión fiscal, que se ha manifestado como un fenómeno importante a raíz de la crisis actual. Pero éste no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Y Francia es, actualmente, foco de noticias en este sentido pues, tras la toma de posesión de François Hollande como presidente francés y de la formación del nuevo gobierno de Jean-Marc Ayrault, se aprobó la implantación en Francia de un impuesto del 75% para los ingresos superiores al millón de euros anuales. A raíz de ello, una serie de grandes fortunas francesas empezaron a movilizarse, y muchas de ellas, incluso, solicitaron la nacionalidad belga y se llegaron a establecer en una pequeña población, Néchin, a un kilómetro de la frontera francesa, con el único objetivo de evitar el famoso impuesto francés, como el empresario y primera fortuna de Francia Bernard Arnault.
Pero si hay alguien que se ha destacado por su beligerancia hacia el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas ha sido el actor Gérard Depardieu. El último episodio de esta disputa legal y tributaria ha sido la concesión por parte de la Federación Rusa del pasaporte al actor, lo que le da la posibilidad de la concesión de la ciudadanía rusa a Depardieu, que, por cierto, se ha deshecho en elogios hacia su nueva "patria" afirmando que es una gran democracia, cuando, día a día, se pisotean los derechos humanos en ese país. Es curioso ver como una persona, con unos ingresos anuales tan importantes, es capaz de hacer lo posible por no contribuir como el resto de ciudadanos al erario, sobre todo, en proporción a sus ingresos. Es probable que el nuevo impuesto sea, ciertamente, un poco abusivo y con un afán recaudatorio de alcance, y que ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional francés. Pero si uno no está de acuerdo con lo dispuesto, tiene medios legales y políticos para combatirlo en el país de origen. Pero lo que uno no puede hacer es evadir sus ingresos del país para no pagar impuestos, no cumplir con sus deberes ciudadanos y encima luego reclamar prebendas y buenas palabras de sus conciudadanos. Las críticas que han recibido Depardieu y las otras grandes fortunas que se han "fugado" de Francia son lógicas y normales. Incluso, deberían ser apartados de la ciudadanía francesa. ¿Qué ejemplo dan a ésta? El ejemplo de que, si no quieres pagar, puedes hacer lo que te venga en gana, hacer fraude fiscal, fuga de capitales al extranjero, no contribuir a las arcas del Estado,… El ciudadano medio y bajo, ahogado por los tributos, ve como se escapan las grandes fortunas, aún declarándose rusos, moldavos o rutenos si hace falta, con tal de no seguir contribuyendo por sus altos ingresos. Lo cual da para que estas clases medias y bajas estén quejosas y vean con pesadumbre como tienen que contribuir con sus impuestos, y ven como la crisis, la austeridad y los recortes se repercuten sobre ellos, y no sobre los que más tienen.
Por tanto, ya puede disfrutar el camarada "Depardiev" de las ventajas de su nueva ciudadanía. Ahora bien, no puede pedir a sus "antiguos" conciudadanos que le aprueben su actitud, porque ni es normal, ni se puede aceptar. Yo, desde luego, sería partidario de no volverle a otorgar la ciudadanía francesa hasta que no se retractara de su actitud poco solidaria para con sus conciudadanos. Incluso le retiraría la Legión de Honor que posee. Es un acto vergonzoso y del que debería dar marcha atrás.
Que disfrute Rusia de nuevo "camarada", que de su dinero los franceses no van a ver un solo euro.



Lengua de trapo (y 2)

Hace seis meses, aproximadamente, cuando empecé a publicar regularmente en mi blog, la primera de mis publicaciones, Lengua de trapo, trató sobre el tema de cómo se utiliza políticamente la lengua para ser arrojada entre unos y otros como argumento de confrontación. Sin duda, estos últimos meses han sido muy intensos en cuanto a este tema y el de la independencia. En aquel entonces, critiqué la postura del nuevo gobierno aragonés de Luisa Fernanda Rudi, que en una de sus primeras decisiones dejó en suspenso la Ley de Lenguas de Aragón, en la que se reconocía como lenguas de Aragón a las variedades dialectales del catalán en la comunidad, así como las diferentes variedades del aragonés, dialectos de transición, así como las particularidades lingüísticas. Se creó, en el Gobierno de Marcelino Iglesias, una academia de la lengua aragonesa, así como una academia de la lengua catalana en Aragón, que también quedaron en suspenso. El porqué, sencillo: reconocer a la lengua catalana en Aragón era, según parece, reconocer la catalanidad de las tierras orientales de Aragón, la Franja, y es más sencillo negar la presente, incluso denominando a las modalidades lingüísticas del catalán en Aragón como aragonés oriental, cuando esto es una aberración: nunca ha existido esa lengua, ni tal denominación. Romper la unidad lingüística, aún reconociendo la particularidad, es más fácil para combatir el catalanismo de los seguidores del concepto Països Catalans que la aceptación del hecho de que el catalán sea la lengua más utilizada entre las personas que habitan la Franja. Ya sabéis por ese artículo que, ni soy partidario de tal aberración, la de negar que lo que se habla en Benabarre, Fraga, Mequinenza o Valderrobres es lo mismo que se habla en Pont de Suert, Balaguer, Lleida o Gandesa, pero que tampoco soy partidario de ese ente que no ha existido nunca, que son los denominados Països Catalans.

Ahora, en otra comunidad, les Illes Balears, se ha abierto otro frente, pero con el mismo talante y las mismas causas. El Gobierno balear, del Partido Popular, con el presidente José Ramón Bauzá a la cabeza, ha decidido, desde su llegada, plantear un nuevo conflicto lingüístico con el objetivo de torpedear la unidad de la lengua catalana. Ya en campaña electoral, y con Unión, Progreso y Democracia pisándole los talones (y la mayoría absoluta en juego), se decidió a que ese bloque electoral no le jugara la mala pasada de volverle a dejar en la oposición cuatro años más, y a pesar de tener en contra también a algunos de los suyos, definió en su programa que el catalán dejaría de ser oficial en las Islas, por no ser propio de éstas, y pasaba a definir a la lengua que se habla en ellas como menorquín, mallorquín, ibicenco y formenterino, aún teniendo en contra los criterios de filólogos y lingüistas.

Una vez en el Gobierno, el siguiente paso fue acabar con el sistema de inmersión lingüística del catalán en las escuelas de las Islas, que generó un gran debate político, en el que se produjeron algunas bajas en el PP, como la del alcalde de Manacor, y que ha generado una gran corriente contraria entre el profesorado, pero también de una gran parte de la población, que en algunas ocasiones ha abucheado al presidente Bauzá en inauguraciones y actos públicos, lo que, evidentemente, ha causado malestar en su persona y en la de los cargos, diputados y seguidores de su partido, que ven una corriente contraria que no creían tan importante. En les Illes Balears, existe un importante sentimiento regionalista y nacionalista entorno a la lengua que no consideraron.

El último acto del Gobierno Bauzá, conocido ahora a finales del 2012 e inicios del 2013, es la modificación de la Ley de Símbolos Institucionales, para prohibir la exhibición de senyeres, estelades y otro tipo de pancartas en centros públicos. Todo ello destinado a combatir la proliferación de estos símbolos en escuelas e institutos, exhibidas por profesorado, padres y alumnos en contra de la paralización de la inmersión lingüística en catalán en la escuela balear. De nuevo, politizando lo que nos une, politizando algo que es patrimonio de todos. La lengua debe dejar de ser un argumento político de arrojo entre contrarios.

La llengua és llengua, i la lluita política entre aquells que no se senten i els que se senten catalanistes en termes polítics, no ha d'enterbolir el tema lingüístic, en el qual es fa mal al patrimoni de tots. Yendo más allá de la inmersión lingüística, que ya trataré en otra entrada en el blog, que ha sido objeto de decisiones judiciales adversas, la unidad de la lengua va más allá de las decisiones políticas, y ver como en Valencia, en Aragón y les Illes Balears se pone en cuestión la lengua común sólo por cuestiones políticas, sólo por poner en jaque a aquellos que piensan en una unidad política, los Països Catalans, aún no estando de acuerdo, como yo, con este concepto, hace mucho daño a la lengua y la pone en riesgo. La protección del patrimonio va más allá de las decisiones políticas, y corresponde a nosotros cuidarlo y protegerlo. Debería hacerse un gran pacto para que, de una vez por todas, la lengua deje de ser utilizada por unos y otros como instrumento político, para que deje de ser un arma arrojadiza, para ser algo que nos une y algo que nos fortalece, un patrimonio más, denomínese como se denomine, catalán, valenciano, aragonés oriental o como sea, pero que la unidad de la lengua no se vea amenazada por la política.

miércoles, 2 de enero de 2013

Próxima estación: ESPERANZA


Amigos, la crisis nos está poniendo en la peor de las situaciones que podíamos pensar, hace unos años, cuando la economía española crecía a niveles desmesurados, cuando estábamos en la Champions League de las economías europeas y mundiales, con el mejor de los sistemas financieros del mundo,… Cogimos el tren con un ritmo frenético, pasando por la estación del Éxito, la estación del Crecimiento, la estación de la Expansión, la estación del Consumismo, la estación del Desarrollo Urbanístico Acelerado,…, pero como esta línea de tren es larga, nos topamos con una cuesta arriba, como una larga cuesta de Enero, y hemos llegado a las estaciones de la Crisis, el Déficit, la Pobreza,…, la Desesperanza. El tren se ahoga, el ritmo decrece, y llegar a la cumbre de la cuesta nos está costado sangre, sudor y lágrimas. Se ha sumido a nuestra sociedad en una situación de desesperanza tan grande, que estamos sumidos en una situación de rabia contenida, conformismo impuesto por la falta de perspectivas y una situación cuasi depresiva, en la cual no vemos el final de la cuesta ni el final del túnel, donde se vea la luz. Hay esta situación de desesperanza, hay una falta de perspectivas halagüeñas y que, sobre todo, esto nos conduce a una pérdida de valores que puede desembocar en situaciones de peor calado en nuestra sociedad.
En estos dos últimos años, hemos aprendido el significado, casi marcado en la piel como un tatuaje o como una marca de ganadería, de las palabras déficit, austeridad, prima de riesgo, recortes y el rescate…, alguna de ellas, como la prima de riesgo, una palabra que nadie conocía, fuera de los ámbitos financieros, se ha hecho tan cotidiana que en cualquier tertulia se habla de ella, como si fuera de la familia. Todo lo que nos ha llevado cuesta arriba, que hace que el tren no tire, le cueste subir y alcanzar la cima, ha hecho que hay una pérdida de confianza y una pérdida de valores, que puede llevar a la extremización de la sociedad.
En el nivel económico-social, la reducción del déficit público ha llevado a la política de recortes y a la subida de impuestos más importante hecha durante la historia. Las políticas de austeridad han llevado sí a la reducción del déficit pero, ¿a costa de qué y de quién? La subida de impuestos, ¿a quién ha afectado más? No a las clases más altas, sino, sobre todo, a las clases medias y a las clases populares, que ven aumentado su ahogo para afrontar pagos básicos y a sobrevivir en sus negocios. Ha aumentado el paro, sólo en 2012, en 900.000 personas, hasta el nivel de 6.000.000 de parados, demostrándose así la ineficacia de la reforma laboral, con la cual sólo se ha favorecido al empresariado con la reducción de los costes sociales de las empresas. Con los recortes hechos por la Administración y el pago de servicios básicos, como la sanidad o la educación, ha hecho aumentar las listas de espera, se ha implantado el copago sanitario de recetas, de ortopedia, del transporte sanitario, el euro por receta de Catalunya y la más que probable privatización de los servicios que se prepara en Madrid (exportable a otras comunidades, recordad esto, que probablemente será así),…, eso añadido a criterios de privatización y de promoción de la educación concertada en detrimento de la educación pública y gratuita, aumento de las tasas universitarias, que hará que sólo una élite pueda acceder a unos estudios… También el fin de la justicia gratuita, con la imposición de tasas judiciales a trámites que hasta ahora no se costeaban,…
El aumento de los ERE y de los despidos masivos, a lo que se añade la limitación a las prestaciones por desempleo, la rebaja de sueldos y pérdida de poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios, hace crecer la incertidumbre y a temer el aumento del riesgo de exclusión social, y ha hecho aumentar el nivel de pobreza y, lo más preocupante, el nivel de pobreza infantil. Hay niños que sólo hacen una sola comida importante al día, lo que hace crecer también el riesgo de desnutrición. De hecho, la desaparición de las becas comedor puede que les sustraiga a muchos niños la posibilidad de tener la única comida importante. También se han limitado otros subsidios que corren en este sentido.
Las medidas de austeridad no han favorecido el crecimiento, no ha favorecido la creación de empleo. Hay un importante paro juvenil, que supera el 50%, y se está produciendo un aumento de la emigración de los jóvenes más preparados, hastiados por la poca inversión en I+D+i en este país, a lo que se añade que la austeridad no da margen para medidas de incentivación del empleo y de la incentivación de la emprendiduría, a lo que se añade la falta de crédito bancario, lo que conduce al cierre de empresas y comercios. A eso se añade la subida de impuestos y tasas, como el IVA (del cual tampoco se ha cambiado el criterio de recaudación del devengo al de caja), y que no existen compensaciones de ningún tipo, lo cual, junto al descenso del consumo, ha hecho caer la recaudación, en los ingresos que el Estado tiene, y que se repercute, sobre todo, en las PYMES y en los comerciantes, en las maltrechas clases medias.
Sobre las clases populares, sobre la que también recae el efecto de recortes, subida de impuestos, falta de trabajo, la falta de crédito de los bancos, aumento de la pobreza,..., ha recaído también el drama de los desahucios, en el cual los bancos, verdaderos culpables de la crisis, que se han llevado la gran parte del pastel de ayudas gubernamentales y europeas, para luego no dar crédito ni a ciudadanos ni a empresarios ni profesionales, a los que no se ha abierto apenas línea de crédito. Los suicidios de personas en situación límite por los desahucios han sido un lastre doloroso para este 2012 que se acaba.
Políticamente, al incumplimiento sistemático de las promesas de Rajoy, al que disculparemos parcialmente, porque desgraciadamente gran parte de las medidas le han venido impuestas por Frau Merkel y sus secuaces, que están laminando a los gobiernos "díscolos" y están provocando la pobreza extrema de sus habitantes. Pero es una disculpa parcial. Podría haber encaminado las reformas y los recortes de otra manera, además de hacer pagar la culpa a los verdaderos culpables: los especuladores inmobiliarios y financieros, los bancos y las entidades financieras y a los evasores fiscales (a los que, por cierto, ha amnistiado).
Pero además hay que añadir el descrédito político: los innumerables casos de corrupción, la falta de confianza en unos políticos que se dedican a dormir o a jugar a los Apalabrados, o con el móvil, mientras se toman decisiones importantes, o se dicen cosas de los parados, como el famoso "que se jodan" de Andrea Fabra, cuando viven de nosotros y para gestionar los asuntos de todos nosotros. La falta de alternativas válidas hace que la desconfianza sea total, con el riesgo de que crezcan los extremos hacia la derecha y hacia la izquierda, que hagan aumentar la conflictividad social. Ha habido huelgas generales, ha habido convocatorias de movimientos como el 15-M, Rodea el Congreso, y una gran manifestación en Barcelona, para la independencia de Catalunya, que no es más que la respuesta de un constante hastío de los ciudadanos hacia su clase política y ante la situación de crisis económica acuciante que nos acecha.
A esto, tenemos que llegar a la Estación ESPERANZA. Porque esto es lo único que no nos pueden quitar. Ni la esperanza ni la felicidad. Aunque la situación es difícil, tal como hemos descrito hasta ahora, hay cosas que no nos pueden recortar, ni economizar, ni expropiar. Esperanza, felicidad, solidaridad y cooperación. Esto es nuestra respuesta a todos estos hechos y personajes que intentan monopolizarnos. Solidaridad es cuando se recogen toneladas de alimentos por el Banco de Alimentos. Solidaridad es cuando se dan más de 10.000.000 euros para la investigación contra el cáncer. Solidaridad es cuando se dan más de 5.000.000 euros contra la pobreza. Solidaridad es aquello en que trabajan miles de voluntarios de Cruz Roja, Cáritas y otras muchas organizaciones no gubernamentales. Solidaridad es cuando hay voluntarios que cuidan de personas ancianas, cuando hay movimientos que promueven favores o acciones entre personas.
Si hay falta de confianza en nuestros gobiernos, en lo que seguro que no hay falta de confianza en el espíritu entre ciudadanos, de la solidaridad, de la cooperación. Se ve también en los movimientos ciudadanos contra los desahucios. La gente combate el hastío con solidaridad, con espíritu de colaboración. Y es este espíritu el que nos tiene que hacer empujar hacia adelante la sociedad. Debemos utilizar este espíritu para continuar, para afrontar los deberes que nos marca este futuro tan negro que nos pintan. Sólo este espíritu nos puede llevar hacia adelante a los ciudadanos, a los emprendedores,…, y esperar y desear que el año 2013 sea el del espíritu solidario, el del espíritu emprendedor,… y que nuestra clase política tome buena nota de ello y cambie su talante, y deje ya de ahogar a la gente con recortes, rebajas de sueldos y pensiones y subidas de impuestos y tasas, y empiecen a pensar en nosotros, los ciudadanos, si no quieren que el sistema explote y que la nave haga aguas por todas partes.
FELIZ AÑO 2013 A TODOS, CON MIS MEJORES DESEOS y nos vemos en la ESTACIÓN ESPERANZA.

El debate sobre las armas en el Far West. El poder de los lobbies en los Estados Unidos (¿sólo en Estados Unidos?)

La reciente matanza en la escuela Sandy Hook de Newtown (Connecticut), en la que fallecieron unas 28 personas, asesinadas, la mayoría niños, por un sujeto armado, ha vuelto a reabrir el eterno debate sobre las armas en los Estados Unidos. La constante recurrencia de hechos como los acaecidos en Newtown, hace pensar sobre el porqué casi cada norteamericano cuenta con un arma en su casa, sobre su uso y, sobre todo, sobre su abuso; sobre como se comercializan y el porqué cualquiera, sin tener permiso de armas, puede tener acceso a ellas. Demasiados porqués para un tema que debería estar más regulado por la ley, para impedir el acceso a cualquiera de un arma de fuego que puede causar un tan gran número de víctimas. La cronología de los asesinatos en masa desde los años noventa es aterradora. Dejando aparte la matanza de Waco (Texas), las masacres en centros públicos es una constante:

  • 16.10.1991 Killeen, Texas. 23 muertos y 20 heridos en una cafetería.
  • 20.04.1999 Columbine, Colorado. 13 muertos y 24 heridos en un instituto.
  • 29.07.1999 Atlanta, Georgia. 9 muertos y 12 heridos en un ataque a varias oficinas de inversiones.
  • 15.09.1999 Fort Worth, Texas. 7 muertos y 7 heridos en una iglesia baptista.
  • 21.03.2005 Reserva india de Red Lake, Minnesota. 9 muertos y 7 heridos en una escuela, habiendo asesinado antes a parte de su familia.
  • 16.04.2007 Blacksburg, Virginia. 32 muertos y 17 heridos en un edificio académico.
  • 05.11.2009 Fort Hood, Texas. 13 muertos y 32 heridos en una base militar.
  • 08.01.2011 Tucson, Arizona. 6 muertos y 11 heridos en un mitin, en el que fallece la congresista Gabrielle Giffords.
  • 20.07.2012 Aurora, Colorado. 12 muertos y 58 heridos en un cine, en el estreno de la película Batman.
  • 05.08.2012 Oak Creek, Wisconsin. 6 muertos y 3 heridos en un templo sij.
  • 14.12.2012 Newtown, Connecticut. 28 muertos en una escuela, la mayoría niños de corta edad.

A todo esto, hemos de añadir las imágenes constantes de violencia que se producen a diario en las calles de los pueblos y ciudades estadounidenses, en las que empuñar un arma es un acto de lo más común. No se trata de las imágenes de una película de cine… Es la más cruda de las realidades. Un país que aún mantiene en su legalidad una ley basada en el más profundo Far West, que aún prevé la compra de armas indiscriminada, por parte de cualquier persona mayor de edad (aunque el acceso a las armas por parte de menores de edad es cada vez más preocupante), con el pretexto de la autodefensa, como que aún temen el ataque de los sioux o de los arapajoes, en un país donde la policía primero dispara y luego pregunta, y que es una de las más armadas y preparadas del mundo. Un país que tiene cerca de 80 millones de armas de todo tipo a disposición de los ciudadanos, donde entrar en una tienda de armas es tan fácil, y no cabe ningún requisito previo para su compra. Yo mismo, si fuera ciudadano americano, podría entrar tranquilamente y comprar un arma, sin valorar si una persona es válida, sin hacer un previo test psicológico, sin valorar si uno tiene un motivo para tenerla, o sea, simplemente, sin regulación y con un puñado de dólares, puedes tener acceso a un arma automática para descargarla en cualquiera que se acerque a tu vera. Una verdadera política del miedo y la autodefensa, que puede permitir matar a cualquiera que te venga en capricho, como en el más lejano Oeste, o como los mafiosos de Al Capone en Chicago. Todo un éxito del maravilloso lobby armamentístico americano, encabezado por la poderosísima Asociación Nacional del Rifle, que defiende a capa y espada (o mejor dicho, a rifle y revólver) cualquier intento de regular dicha desfachatez, que encarna esta estúpida tradición violenta de la sociedad norteamericana, y que legitima y justifica la existencia de este hecho tan espeluznante. Apelan a la responsabilidad de uno mismo para tener un arma, en una sociedad que vive completamente psicotizada por la inseguridad, que vive como bajo una constante amenaza interior y exterior que la atenaza, y que hace que muchos de sus ciudadanos tengan un arma, creyéndose así salvadores de su propia seguridad y de la de los demás, una sociedad que necesita de héroes que la salvaguarden, de personas que se crean únicas en el mundo y que con un arma bajo el brazo, justifican una superioridad que no demuestran, desde el hecho de tener que ir armados para defenderse como personas y como sociedad. Por mucho que estos días han corrido ríos de tinta sobre el tema de intentar regular la tenencia de armas, lo cierto es que el poderoso lobby ha conseguido que este debate se enfríe, e incluso hoy en día, se está entrenando, por ejemplo en Utah, a los profesores para que tengan un arma para defender a los niños de un ataque a la escuela. ¡Qué insensatez más grande! ¿Qué no existe un cuerpo policial? Pero es así, los lobbies de las armas consiguen todo lo que quieren. Aún se recuerda la imagen de Charlton Heston en la promoción de armas desde la Asociación Nacional del Rifle.

Pero los lobbies en Estados Unidos son muy poderosos. No sólo el lobby armamentístico. Se han creado unos grupos potentes, con un gran poder mediático y económico que se han apoderado de todas las decisiones políticas que se toman en el Congreso y el Senado americanos. Cualquier ley que se promulga ha pasado antes por las manos de una serie de grupos que las apoyan o rechazan, según sus intereses y no los intereses de la ciudadanía. Un verdadero peligro, sin duda. Y el de las armas es un ejemplo claro, pero también podríamos nombrar el de las farmacéuticas, o las industriales, etc. Lo malo es que esta costumbre se está exportando…, y no sólo será un asunto norteamericano, sino a nivel mundial, este de los lobbies o grupos de poder… Pero ya tendremos tiempo de hablar en otra entrada del blog…

Pero, de momento, la violencia es un pretexto para pedir que, de una vez por todas se acabe con este despropósito, y se regule la tenencia de armas en Estados Unidos.

jueves, 27 de diciembre de 2012

Thuram: “Sólo el esclavo que sabe que lo es puede llegar a liberarse”


Hoy os vuelco una interesante entrevista que se publicó en la Contra de La Vanguardia, el pasado 10 de noviembre de 2012, que el periodista Lluís Amiguet hace a Lilian Thuram, exjugador del FC Barcelona, y que algunos han calificado como "un pensador que juega al fútbol" y que ha escrito un libro Mis estrellas negras, en el cual trata sobre el racismo y aquellos que luchan contra éste y los demás prejuicios de exclusión. Interesante artículo para leer en estos tiempos, en que, con la crisis económica y de valores, parece que hay un rebrote del fascismo y las –fobias, que amenaza con ser un problema grave en la sociedad europea de esta primera etapa del siglo XXI.
L.T.: Mi madre nos tuvo a cinco hijos de cinco padres diferentes… ¿Y sabe por qué?
L.A.: ¿…?
L.T.: Porque, según el código de la esclavitud, era la madre la que transmitía a los hijos la esclavitud o la libertad. No importaba si el padre era libre o esclavo. Por eso la madre antillana es allí la institución familiar: mujeres fuertes como mi madre.
L.A.: La primera heroína de su libro.
L.T.: Yo tenía cinco años cuando mamá nos dijo que se iba a trabajar a París y que volvería a buscarnos. Tuvo el coraje de perseguir un sueño, con sus contradicciones también.
L.A.: Cuéntenos.
L.T.: Cuando llegamos a París, en la tele daban unos dibujos de una vaca negra muy tonta y una vaca blanca muy lista. Y los niños del cole se reían de mí. Yo le pregunté a mi madre por qué a los negros nos hacían aparecer como estúpidos en todas partes.
L.A.: ¿Qué le respondió?
L.T.: "Hijo, la gente es racista y eso no cambiará".
L.A.: ¿Y usted se resignó como ella?
L.T.: ¡Jamás he aceptado aquella frase! Y le he dado muchas vueltas. Al final, he llegado a la conclusión de que algunos humanos no desprecian a otros seres humanos por ser negros, azules o amarillos…
L.A.: ¿Por qué los desprecian entonces?
L.T.: Porque hay grupos que aprenden a aplicar esa lógica para explotar a los otros. Necesitan, por tanto, inventarse siempre un los otros. Y una vez se convencen y logran convencer a los otros de que son diferentes – diferentes siempre quiere decir inferiores – intentan aprovecharse de esa diferencia.
L.A.: Todo muy humano, en efecto.
L.T.: Da igual la razón por la que te incluyan o te excluyan de un grupo: por ser negro, mujer, homosexual, judío, gitano, llevar gafas o ser del pueblo de al lado. Es lo de menos.
L.A.: Pero si no lo crees, es falso.
L.T.: Pero si se interioriza esa lógica acomplejada, los negros o los homosexuales o los que llevan gafas acaban sintiéndose y por tanto siendo inferiores de verdad. Y así te convierten en prisionero de su cárcel identitaria.
L.A.: Pues ya puestos, mejor ser superior.

L.T.: No, porque esa lógica esclaviza también a los superiores: al aceptarla, aceptan que siempre tienen a alguien más superior todavía; igual que los inferiores siempre encuentran otro grupo que despreciar. Los negros antillanos creían que los negros africanos eran "salvajes incultos" y los blancos criollos se sentían superiores a los negros, pero inferiores a los "blancos de París".
L.A.: Siempre hay alguien con mejor acento o una genética más pura que tú.
L.T.: Sólo si entras en su juego. Pero si te educas y lees y estudias, descubres que esa lógica es una estupidez, porque no hay naciones ni razas mejores o peores, pero sí hay personas que se esfuerzan por educarse – y así liberarse de complejos – más que otras.
L.A.: Y toda pureza es una mezcla olvidada.
L.T.: Si estudias tus raíces y descubres esa gran verdad, puedes reírte un rato de los puros.
L.A.: Por ejemplo…
L.T.: ¡El mito del pene gigante de los africanos!
L.A.: ¡…!
L.T.: Es una proyección perversa de ese complejo de superioridad blanco.
L.A.: ¿En qué sentido?
L.T.: Lo describió muy bien el psiquiatra Franz Fanon, otro de los héroes negros de mi libro, al revelar los mecanismos del complejo de superioridad-inferioridad colectivo.
L.A.: ¿El tamaño acredita o desacredita?
L.T.: Quien propaga esa sandez lo hace porque lo cree un atributo monstruoso que provoca o miedo o hilaridad y confirma el "salvajismo" y el peligro de los africanos. De paso, excita su morbo con fantasías masoquistas.
L.A.: Cuando habrá de todo, como en todo.
L.T.: Serían idioteces si no fueran peligrosas: esas tonterías de que los franceses son así y los españoles asá, o los catalanes o los italianos o los turineses… trabajan más o menos…
L.A.: Entre un francés y cualquier otro francés hay más diferencias que entre el grupo de los franceses y el de los españoles.
L.T.: Pero podemos combatir esos perversos clichés con una educación para la libertad que afirme la igualdad en la diversidad. Todos tenemos los mismos derechos y deberes aunque seamos diversos en nuestras identidades.
L.A.: ¿Cómo combate usted los prejuicios?
L.T.: Ayudo a explicar a los niños que ser de un color, nación. Barrio o escalera no te hace mejor que ser de otro, porque si aceptas que eres mejor que los del otro país, también aceptarás que eres peor que los de otro.
L.A.: ¿Por qué una persona puede llegar a aceptar que es inferior a otra?
L.T.: Por pura ignorancia. Y citaré con orgullo aquí a Harriet Tubman, otra de mis heroínas: "Los únicos esclavos que no he podido liberar son los que no sabían que lo eran". Hoy somos esclavos de malos políticos que inventan superioridades para establecer un poder del que se apropian.
L.A.: ¿Sarkozy le ofreció un ministerio?
L.T.: El de "Diversidad", pero le dije que no, porque su gobierno no la protegía. Y felicito a Obama, pero también les recuerdo que si hoy hay un Obama es porque en 1872 hubi un Douglass: primer candidato negro a la presidencia de los Estados Unidos.
(Entrevista Lluís Amiguet. La Vanguardia, 10.11.2012 La Contra)


 


Al límite (de la legalidad)

Siguiendo con el tema de la independencia de Catalunya, dando vueltas sobre la oportunidad o no de la consulta sobre la independencia de Catalunya, o si Catalunya debe o no debe ser o tener Estado propio, vamos a indagar en los principios de legalidad sobre la consulta, sobre los conceptos de principio de legalidad, validez jurídica, soberanía y el derecho a decidir.

Partamos del punto inicial. El 25 de noviembre culmina el proceso iniciado en la Diada, en que Artur Mas decide convocar elecciones, que prevé plebiscitarias, con el pretexto de escuchar las reivindicaciones soberanistas expresadas por el pueblo de Catalunya. Ya he expresado en más de una ocasión de que la manifestación fue masiva, importante y que expresa, sin duda, un clamor de un sector muy importante de la sociedad catalana. Después de una intensa precampaña y campaña electoral cargando tintas por el soberanismo y la independencia, en el que preveía que sería un voto masivo, una "majoria excepcional" alrededor de su figura, como presidente "mesías" que llevaría al pueblo de Catalunya hacia la tierra prometida, llegó el 25-N y los resultados le dieron al traste gran parte de sus expectativas. El voto entorno al soberanismo, expresado a través de los escaños obtenidos en las urnas, da un número similar al apoyo a las tesis soberanistas que había en la pasada legislatura. Los 50 escaños de CiU, más los 21 obtenidos por Esquerra, más los 16 de Iniciativa, más los 3 de las CUP, no suponen un mayor apoyo que en la pasada legislatura, por la considerable bajada de CiU, no compensada con la subida de Esquerra. Por tanto, su opa contra el status quo es importante, pero no ha dado el mazazo definitivo que pretendía.

Al no obtener esa mayoría holgada y excepcional que pretendía, y a pesar de ser, evidentemente, la fuerza más votada, muy por encima de cualquiera de sus adversarios, una vez planteadas las elecciones como un verdadero plebiscito por la consulta soberanista, ya no puede recular y hacer como si nada hubiera pasado, pues sería como hacerse el harakiri, después de haber fracasado en obtener esa mayoría apabullante. Así que no podía pactar ni con el PSC, que a pesar de estar de acuerdo con el derecho a decidir y una consulta legal y acordada con el Estado, está en contra de la independencia de Catalunya, con 20 escaños, ni con el PP, que evidentemente es contrario a la independencia, pero también al derecho a decidir y a cualquier consulta soberanista o independentista. Por tanto, y por eliminación, sólo podía pactar, por aritmética y por proximidad "soberanista" con los 21 diputados de Esquerra. Hoy, 21 de diciembre de 2012 (día del fin del mundo, según los mayas) ha sido elegido Artur Mas e investido gracias a los 50 votos de su partido y los 21 de Esquerra, después de llegar a un acuerdo (del que ya hablaré en otra entrada del blog), en el que, entre otras demandas, se ha acordado un referéndum de autodeterminación para el año 2014. Artur Mas ya dijo en campaña que convocaría esta consulta, con permiso o no de Madrid, y que llegaría hasta las últimas consecuencias para que ésta fuera posible. Esto me ha hecho reflexionar sobre los términos legales y jurídicos derivados de esta afirmación del ya President. ¿Hasta qué punto se puede llegar legalmente? ¿Cuál es el límite de la legalidad? ¿Cuál es la validez jurídica de una consulta celebrada no bajo la legalidad vigente? ¿Qué puede significar hacer todo esto sin un principio de legalidad establecido? ¿Qué puede trastocar todo esto en el marco jurídico español y europeo? Vamos a analizarlo.

El derecho, considerado como un sistema de normas, es la fuente a partir de la cual se basa el principio de legalidad. Las normas asumen su cualificación jurídica y llegan a formar parte de un sistema jurídico, formado por un conjunto de éstas y que son asumidas por un grupo o comunidad social, que acepta oficial, unificada y comúnmente como normas fundamentales y marcan los criterios de validez de este sistema normativo. Entonces cuando son aceptadas estas normas como ley fundamental de todo el conjunto social, se marca cuál es el principio de legalidad, que sería el principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público deberá estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, por lo que se establece la seguridad jurídica. Esto, pues, marca el principio del ordenamiento jurídico de esa comunidad social que ha aceptado para sí este conjunto normativo, y según el cual nada puede estar por encima de la voluntad de la ley, que, en principio, sería la misma para la totalidad de los individuos de esa comunidad.

Conforme a este criterio, la Administración no puede actuar por autoridad propia, sino que tiene un poder conferido por un cuerpo, que podríamos denominar soberanía, que reside en el conjunto de los ciudadanos de esa comunidad, y por el cual ejecutaría su parte del contenido de la ley, por obedecer al principio de separación de poderes, pero siempre dentro de los límites que el conjunto normativo conferido le permite.

Definamos soberanía. La soberanía conferida por un común de ciudadanos, que podríamos denominar nación, es el poder conferido, a través de un mandato legal o marco legal, como la Constitución, a la estructura de poder, como el Estado, en sus diversos niveles (ejecutivo, legislativo y judicial). El concepto soberanía viene ligado comúnmente a otro, nación, entidad abstracta y única, ligada a un espacio físico, a la que pertenecen los ciudadanos, que serán los componentes básicos de ésta, y que conformarán el cuerpo de la soberanía, que confiere poderes al Estado, para que éste administre y ejecute el cuerpo normativo que los ciudadanos se dan a sí mismos para ser administrados. Pero sólo es un sistema representativo. La simple mayoría del pueblo no es necesariamente la voluntad de la nación (este último concepto, básico para concebir un resultado como el del referéndum de independencia o un clamor popular por ella).

Ahora vamos con el concepto de validez jurídica. Se designa como válida una norma cuando cumple con los requisitos formales y materiales necesarios para su promulgación, publicación, existencia y exigibilidad, debiendo existir jurídicamente para resultar realmente aplicable. Por tanto, debe existir jurídicamente, como actos y normas derivados con rango legal, cumpliendo con los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel formal como a nivel material. A nivel formal, debe referirse a quién realizó, cómo y cuál es el objeto de regulación de la norma. Por tanto, a nivel de competencia
debe haber sido creada por el órgano al que se le confiera dicha competencia, siguiendo el procedimiento marcado para hacerlo, y siempre vinculado al conjunto de normas marcadas para poder realizar la regulación o la aplicación de la ley que debemos dar por válida. Sobre las condiciones materiales, debemos referirnos a aquello que la ley prohíbe, manda o permite, y sobre el contenido de la cual se pueden tener criterios interpretativos.

Ahora que ya hemos tratado a aquello que se refiere a los criterios de derecho aplicables a la consideración de legalidad de lo que Artur Mas propone alrededor del derecho a decidir o la consulta soberanista, vamos a analizar, punto por punto, todo lo que rodea a este proceso.

En virtud del acuerdo al que llegaron CiU y Esquerra para investir a Artur Mas como 129º President de la Generalitat, se pactó que a partir de enero de 2013, se acordaría, vía parlamentaria, una declaración de soberanía del pueblo de Catalunya. Primer punto de discrepancia: actualmente, la soberanía recae sobre el pueblo español, del cual emanan los poderes del Estado. ¿Se puede desgajar una parte de la soberanía del total del Estado para establecer una nueva soberanía, la catalana? Legalmente, no. Es inconstitucional, pues rompe con el espíritu del art. 1.2 de la Constitución, uno de los que se considera fundamental y que precisa de reforma constitucional por el procedimiento cualificado, y que dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Por tanto, es susceptible de ser declarado inconstitucional. Además, como antes hemos dicho, la simple mayoría del pueblo no es necesariamente la voluntad de la nación. Sigamos adelante.

El acuerdo dice que a partir de la declaración de soberanía del pueblo de Catalunya, el siguiente paso es la aprobación, vía parlamentaria, de una Ley de Consultas Catalana, que permitiría, entre otras cosas, la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo catalán. De nuevo, nos topamos con la Constitución, que no permite, por una parte, la celebración de ningún referéndum que sea sobre un tema de aplicación para todo el Estado en sólo una parte de éste sin permiso del Gobierno ni el Congreso de Diputados. Y por otra, no permite utilizar la soberanía como excusa o como principio de validez jurídica, pues ha quedado invalidada al ser inconstitucional. Sigamos adelante.

Posterior a la aprobación de la Ley de Consultas, se aprobaría la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para el ejercicio 2014, en el que se votaría si los catalanes quieren un Estado propio dentro de la Unión Europea. De nuevo, la Constitución. Cualquier referéndum de este tipo pide de una reforma constitucional, por el procedimiento cualificado, pues cercena los artículos de la Constitución del Título Preliminar, el art. 1.2 (de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español) y el art. 2. (la indisoluble unidad de la Nación española), fundamentalmente. Por lo tanto, en principio, no se permitiría la celebración de este referéndum. Un procedimiento de reforma cualificada necesita de la aprobación de las 2/3 partes de las Cortes Generales, procediéndose a su disolución, convocatoria de elecciones, y las nuevas cámaras deberán ratificar la decisión de reforma, debiendo ser aprobado por las 2/3 partes de las Cámaras, y sometida a referéndum para su ratificación, siendo éste obligatorio como vinculante. Un procedimiento complicado. Un procedimiento abreviado de reforma no es posible, pues la Constitución no lo permite. Sigamos adelante.

Si no se aprueba el referéndum, la idea es una declaración de independencia unilateral del Parlament de Catalunya. Se invocan los ejemplos de Kosovo y Montenegro, aceptados por el Consejo de Europa. Tampoco se asegura el apoyo de éste, ni del resto de la comunidad internacional, sobre todo de la Unión Europea, con demasiados problemas territoriales no resueltos. Esperemos que no lleguemos a estos extremos, porque esto si que es totalmente ilegal y, además, muy peligroso. No aliento el miedo, pero creo en las soluciones negociadas.

Por tanto, los principios de legalidad y validez jurídica aquí se verían afectados, pues ninguna de las soluciones que se aportan en el acuerdo es acorde con los conceptos, y por tanto, deberían ajustarse a legalidad. No cumpliría ni con los requisitos materiales ni formales para cumplir con el principio de validez jurídica. Además, no ofrecen la seguridad jurídica necesaria de que se haga a la voluntad de la ley y al igual para la totalidad de la ciudadanía. Pero todo se puede negociar. Yo creo que con buena voluntad y diálogo, las cosas se podrían hacer de manera diferente. Esperemos que esto se imponga, y que no vayamos a los límites de lo legal, que podrían abocarnos a un conflicto eterno con las instituciones españolas. En todo caso, seguiremos hablando sobre el tema.

El federalismo plurinacional: aplicación sobre la España convulsa del siglo XXI

España, ¿nación de naciones? España, ¿estado plurinacional? Ésta es la eterna pregunta. La eterna disputa. Una cuestión apenas resuelta en la Constitución Española de 1978, en la que se consagraba un modelo territorial que intentaba integrar las realidades catalana, vasca y, en menor medida, gallega, pero que con la generalización autonómica en el período 1982-1986, en el que se consagró el "café para todos" se diluyó en gran medida la solución aportada en dos vías de adquisición del proceso autonómico, al armonizar, en cierta manera, a todas las autonomías, y meterlas, sobre todo, en el mismo saco de financiación territorial (a excepción de los territorios forales vascos y Navarra), creando así una constante reivindicación, sobre todo de Catalunya, que pretende un marco de financiación singularizada y diferente al resto de las autonomías. Pero eso ya lo trataremos en otra entrada de blog. Ahora vamos a tratar ese concepto de plurinacionalidad de España, y lo vamos a ligar al desarrollo de una teoría, la del federalismo, de la que yo hago bandera para solucionar el problema planteado actualmente con el proceso soberanista que se ha iniciado en Catalunya (pero que ya tuvo un prólogo en el denominado Plan Ibarretxe, en Euskadi). Por tanto, vamos a analizar los diferentes conceptos que subyacen del federalismo y su aplicación práctica en el caso de España. Para ello, seguiré un poco el guion marcado por la lectura de un estudio sobre el federalismo plurinacional, realizado por uno de los estudiosos más importantes, Ferran Requejo, catedrático universitario de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra, del que extraeré gran parte de lo que os expongo a continuación.

Los Estados plurinacionales se enfrentan a la cuestión de la acomodación de la diversidad nacional a sus instituciones y a los procesos de toma de decisiones, debiéndose implementar, de forma positiva, mediante la democracia consociativa y algunas formas de federalismo, por los cuales se canalizarían las demandas de estos grupos nacionales diversos. El federalismo sería una solución de carácter territorial, y que sería uno de los marcos más idóneos para la organización territorial de sociedades con un alto grado de complejidad social. Es un concepto, de carácter fundamentalmente normativo, que se refiere a la organización territorial de una colectividad política en la cual existen dos esferas de gobierno que combinan los principios de autogobierno y de gobierno compartido. La idea básica es que diferentes colectividades políticas se unan a través del establecimiento de un pacto.

Existen, según Requejo, cuatro tipos básicos de acuerdos de tipo federal: los estados regionales, las federaciones simétricas, las federaciones asimétricas y las confederaciones.

Los estados regionales serían aquellos que tienen un proceso de descentralización política, garantizado constitucionalmente, de un estado previamente unitario. La suma de las regiones objeto del proceso de descentralización no equivale a todo el territorio estatal, o sea, que se cede cierta parcela de poder, legislativo y ejecutivo (no el judicial), a una serie de regiones, las cuales tampoco no pueden disponer de recursos fiscales o tomar decisiones en el ámbito económico. Es el modelo de Italia, y, en cierta manera mejorado, del proceso autonómico español, al que podríamos calificar de estado regional con ciertas características federalizantes.

Las federaciones simétricas son aquellas en las que existe un doble nivel de gobierno, dotados de poderes legislativo, ejecutivo y judicial y con autonomía fiscal, un doble nivel federal y federado, en el cual existen mecanismos que canalizan la participación de los federados en los procesos de decisión de ámbito federal, a través de una segunda cámara de base territorial. Además, ante la posibilidad de conflictos de carácter competencial en el ámbito de las decisiones de ambos niveles de gobierno, se da la existencia de un árbitro institucional, un garante de que ni uno ni otro nivel invadirá en sus procesos de poder el ámbito de otro. En este caso, el pacto federal no puede ser reformado unilateralmente, así como existen mecanismos que facilitan y promueven la comunicación y la cooperación a nivel vertical entre los dos niveles, así como a nivel horizontal entre los federados. Estimula, además, la uniformidad, lo que hace difícil la consecución de la acomodación política de las minorías nacionales, porque buscan un reconocimiento de la plurinacionalidad y del autogobierno nacional. Éste sería el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos.

Los acuerdos federales asimétricos son aquellos que, si bien la estructura institucional no se diferencia demasiado respecto a las federaciones de tipo simétrico, si que se diferencian sustancialmente en cuanto a las relaciones entre el nivel federal y los federados, y entre los federados, produciéndose asimetrías. Se basan en acuerdos asimétricos específicos, marcando la existencia de diferencias de hecho entre las subunidades, que hacen referencia a las diferencias de estatus o de autogobierno de cada parte federada. La garantía de disponer de un nivel de autogobierno es, por sí misma, un generador potencial de diversidad entre las subunidades federadas. Éste sería el caso de Canadá. También existen una serie de acuerdos asimétricos específicos, como los estados asociados o las federacias, que es la vinculación de un territorio generalmente pequeño a uno de más grande, respetando un alto grado de autogobierno en el primero a cambio de que éste tenga una influencia muy restringida en los asuntos del segundo. Sería el caso de Puerto Rico.

Las confederaciones se establecen a través de un pacto internacional entre estados independiente que deciden llevar a cabo algunos objetivos específicos de forma común. No constituyen un nuevo Estado. Las decisiones que se toman a nivel confederal sólo tienen un efecto indirecto sobre los ciudadanos de los Estados de la confederación. Los Estados miembros, además, siempre pueden salir del pacto confederal, si así lo deciden.

El federalismo plurinacional. Las federaciones uninacionales simétricas no parecen el marco más adecuado para conseguir una acomodación política de las democracias plurinacionales. Para ello, debe haber, por un lado, un reconocimiento constitucional y político explícito y satisfactorio del pluralismo nacional; por otro, el establecimiento de una serie de acuerdos federales (asimétricos o confederales) que permita un alto grado de autogobierno nacional a las naciones minoritarias de la federación; y finalmente, una regulación plurinacional del gobierno compartido de la federación y de los procesos de reforma constitucional, así como el establecimiento de órganos de cooperación entre la federación y los federados, y entre federados. También se regularía el establecimiento de una Cámara de representación territorial, donde se regularía también el derecho de veto, el establecimiento de instituciones judiciales donde el pluralismo nacional se vea representado, así como regular el derecho de secesión y de autodeterminación. Se debería también encontrar un sistema efectivo de federalismo fiscal, donde se respete el principio de cooperación, pero también el principio de ordinalidad. Pero la regulación de asimetrías federales no es garantía de acomodación de las asimetrías nacionales, pero a mi parecer, y aquí discrepo creo que es lo más cercano al estado propio: al regular escenarios diferentes para unos y otros, la asimetría asegura autogobierno suficiente y regula el establecimiento de unos principios de diferenciación respecto de las otras regiones a aquellos federados donde las minorías marquen una diferencia respecto del resto. Se establecerían mecanismos de cooperación y derechos propios, que reconocerían el pluralismo nacional, y se establecería un sistema arbitral que gestionara el buen funcionamiento del gobierno compartido y que evitara choques entre federación y federados, y entre federados, asuntos que se podrían gestionar también desde la Cámara de representación territorial.

Pero la historia de España no ha sido un escenario nunca favorable al establecimiento de experimentos federalistas. El estado autonómico es un modelo de Estado regional, con algunos elementos de carácter federalizante. Es un Estado con una gran descentralización, pero el artículo 2 de la Constitución marca el profundo carácter unitarista del sistema, al fundamentarse en la indisoluble unidad de la nación española, aún reconociendo y garantizando el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Las comunidades autónomas no son entidades constituyentes, hay órganos en los que la descentralización es poco clara, el poder judicial continua siendo una estructura centralizada, el Tribunal Constitucional está demasiado politizado y en su nombramiento y funcionamiento no intervienen las Comunidades, el Senado no es una cámara de verdadera representación territorial, no hay federalismo fiscal (aunque se reconoce para los territorios forales un concierto económico de características confederalizantes, que no es un modelo "exportable" a otras con mismas reivindicaciones históricas y económicas), no participan en los órganos europeos ni institucional ni políticamente, ni pueden participar de forma efectiva en ningún proceso de reforma constitucional. En otra entrada del blog, hablaremos del proceso autonómico español y sus fases.

Pero, ¿qué podría cambiar para adaptar el carácter plurinacional del Estado español a un federalismo que respete las asimetrías creadas por este carácter? Vamos a estudiar una serie de cambios que permitirían esta adaptación y así aclimatar las nacionalidades a un sistema federal.

  • En primer lugar, impulso del reconocimiento constitucional del carácter plurinacional del Estado, que pasaría por incluir el nombre de las entidades en la Constitución y reconocer de manera explícita a aquellas que deban tener reconocido su carácter diferencial respecto a las otras, reconociendo así la asimetría federal, estableciendo mecanismos de cooperación, solidaridad y subsidiariedad, pero también reconociendo un principio de ordinalidad establecido por esta asimetría. Debería estudiarse si, establecidos los criterios de adquisición de condición de entidad, se debería reducir el número de comunidades, actualmente 17 autonomías y 2 ciudades autónomas, si realmente son viables o sólo deben adquirir dicha condición aquellas que tienen un carácter diferencial.
  • Tras el impulso del reconocimiento de la plurinacionalidad, cada entidad debería establecer una carta propia de derechos y deberes, una verdadera Constitución de Estado federal.
  • Se regularían los caracteres simbólicos e identitarios y se procedería a su reconocimiento, tales como el uso preferente y el reconocimiento de las lenguas propias (uso preferente pero no único), el uso de los símbolos, como bandera, himno e instituciones propias, así como el reconocimiento de las selecciones deportivas propias (que podrían participar por sí mismas o delegar en una estatal, aún reconociendo la posible singularidad).
  • Establecimiento de una jerarquía protocolaria y de una serie de derechos, como la posibilidad de convocar referéndums y poder contar con derecho de veto en las instituciones estatales, poder actuar, de forma directa o delegada, en la acción exterior, sobre todo en todo aquello que compete a las instituciones europeas, así como poder contar con un poder judicial propio y un tribunal de casación que arbitre en los conflictos de competencias entre el Estado y las entidades federales. Se debe crear una Cámara de verdadera representación territorial (en principio, el Senado estaba llamado a ser esa cámara, al igual que también se estableció la Conferencia de Presidentes como órgano consultivo, y que también ha resultado un fracaso).
  • Establecer el gobierno compartido (las entidades federales son Estado) y ampliar las competencias objeto del autogobierno, estableciendo así una Administración única, que se encargará de gestionar tanto las competencias propias así como el gobierno compartido con el Estado.
  • Establecer los mecanismos de participación en las políticas de Estado que tengan incidencia en el territorio (mecanismos verticales de cooperación), así como permitir los acuerdos federales horizontales de coordinación, cooperación y gestión entre territorios (ahora están prohibidos por la Constitución).
  • Reforma del sistema de fiscalidad y de financiación territorial, siguiendo los principios de corresponsabilidad, ordinalidad, suficiencia y solidaridad. Establecimiento de una agencia tributaria propia o consorciada con el Estado, en la que se delegaría la gestión, recaudación e inspección de los tributos propios, cedidos total o parcialmente o consorciados. Establecimiento de pactos fiscales o un sistema de concierto, que asegure la financiación del territorio y la financiación del Estado, así como un sistema de cooperación o solidaridad interterritorial, que asegure la solidaridad con los territorios que no disponen de recursos suficientes. También se podrían establecer sistemas de corresponsabilidad en la gestión, recaudación e inspección de la Seguridad Social y de Trabajo.

Serían, estos y otros principios, los que servirían para crear un ámbito federalista, a los que, añadiendo el derecho a decidir, podrían acabar acomodando la realidad plurinacional de España. Se debe, pues, abrir el proceso para negociar para que todo esto sea posible. Probablemente requeriría de un proceso de reforma constitucional, complicado y demasiado rígido en nuestra Constitución. Pero negociando, todo es posible.