Hace seis meses, aproximadamente, cuando empecé a publicar regularmente en mi blog, la primera de mis publicaciones, Lengua de trapo, trató sobre el tema de cómo se utiliza políticamente la lengua para ser arrojada entre unos y otros como argumento de confrontación. Sin duda, estos últimos meses han sido muy intensos en cuanto a este tema y el de la independencia. En aquel entonces, critiqué la postura del nuevo gobierno aragonés de Luisa Fernanda Rudi, que en una de sus primeras decisiones dejó en suspenso la Ley de Lenguas de Aragón, en la que se reconocía como lenguas de Aragón a las variedades dialectales del catalán en la comunidad, así como las diferentes variedades del aragonés, dialectos de transición, así como las particularidades lingüísticas. Se creó, en el Gobierno de Marcelino Iglesias, una academia de la lengua aragonesa, así como una academia de la lengua catalana en Aragón, que también quedaron en suspenso. El porqué, sencillo: reconocer a la lengua catalana en Aragón era, según parece, reconocer la catalanidad de las tierras orientales de Aragón, la Franja, y es más sencillo negar la presente, incluso denominando a las modalidades lingüísticas del catalán en Aragón como aragonés oriental, cuando esto es una aberración: nunca ha existido esa lengua, ni tal denominación. Romper la unidad lingüística, aún reconociendo la particularidad, es más fácil para combatir el catalanismo de los seguidores del concepto Països Catalans que la aceptación del hecho de que el catalán sea la lengua más utilizada entre las personas que habitan la Franja. Ya sabéis por ese artículo que, ni soy partidario de tal aberración, la de negar que lo que se habla en Benabarre, Fraga, Mequinenza o Valderrobres es lo mismo que se habla en Pont de Suert, Balaguer, Lleida o Gandesa, pero que tampoco soy partidario de ese ente que no ha existido nunca, que son los denominados Països Catalans.
Ahora, en otra comunidad, les Illes Balears, se ha abierto otro frente, pero con el mismo talante y las mismas causas. El Gobierno balear, del Partido Popular, con el presidente José Ramón Bauzá a la cabeza, ha decidido, desde su llegada, plantear un nuevo conflicto lingüístico con el objetivo de torpedear la unidad de la lengua catalana. Ya en campaña electoral, y con Unión, Progreso y Democracia pisándole los talones (y la mayoría absoluta en juego), se decidió a que ese bloque electoral no le jugara la mala pasada de volverle a dejar en la oposición cuatro años más, y a pesar de tener en contra también a algunos de los suyos, definió en su programa que el catalán dejaría de ser oficial en las Islas, por no ser propio de éstas, y pasaba a definir a la lengua que se habla en ellas como menorquín, mallorquín, ibicenco y formenterino, aún teniendo en contra los criterios de filólogos y lingüistas.
Una vez en el Gobierno, el siguiente paso fue acabar con el sistema de inmersión lingüística del catalán en las escuelas de las Islas, que generó un gran debate político, en el que se produjeron algunas bajas en el PP, como la del alcalde de Manacor, y que ha generado una gran corriente contraria entre el profesorado, pero también de una gran parte de la población, que en algunas ocasiones ha abucheado al presidente Bauzá en inauguraciones y actos públicos, lo que, evidentemente, ha causado malestar en su persona y en la de los cargos, diputados y seguidores de su partido, que ven una corriente contraria que no creían tan importante. En les Illes Balears, existe un importante sentimiento regionalista y nacionalista entorno a la lengua que no consideraron.
El último acto del Gobierno Bauzá, conocido ahora a finales del 2012 e inicios del 2013, es la modificación de la Ley de Símbolos Institucionales, para prohibir la exhibición de senyeres, estelades y otro tipo de pancartas en centros públicos. Todo ello destinado a combatir la proliferación de estos símbolos en escuelas e institutos, exhibidas por profesorado, padres y alumnos en contra de la paralización de la inmersión lingüística en catalán en la escuela balear. De nuevo, politizando lo que nos une, politizando algo que es patrimonio de todos. La lengua debe dejar de ser un argumento político de arrojo entre contrarios.
La llengua és llengua, i la lluita política entre aquells que no se senten i els que se senten catalanistes en termes polítics, no ha d'enterbolir el tema lingüístic, en el qual es fa mal al patrimoni de tots. Yendo más allá de la inmersión lingüística, que ya trataré en otra entrada en el blog, que ha sido objeto de decisiones judiciales adversas, la unidad de la lengua va más allá de las decisiones políticas, y ver como en Valencia, en Aragón y les Illes Balears se pone en cuestión la lengua común sólo por cuestiones políticas, sólo por poner en jaque a aquellos que piensan en una unidad política, los Països Catalans, aún no estando de acuerdo, como yo, con este concepto, hace mucho daño a la lengua y la pone en riesgo. La protección del patrimonio va más allá de las decisiones políticas, y corresponde a nosotros cuidarlo y protegerlo. Debería hacerse un gran pacto para que, de una vez por todas, la lengua deje de ser utilizada por unos y otros como instrumento político, para que deje de ser un arma arrojadiza, para ser algo que nos une y algo que nos fortalece, un patrimonio más, denomínese como se denomine, catalán, valenciano, aragonés oriental o como sea, pero que la unidad de la lengua no se vea amenazada por la política.
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