A raíz de los acontecimientos posteriores a la manifestación del 11-S en Barcelona, y del posterior debate sobre la independencia de Catalunya, se han ido produciendo manifiestos a favor y en contra sobre el tema, y se han ido marcando posicionamientos sobre independencia, federalismo o autonomismo, por parte de políticos e intelectuales. En el blog se han ido colgando artículos, opiniones y manifiestos en este sentido, y que muestran que algo se mueve sobre la arquitectura territorial de España, y no sólo en Barcelona. En Madrid también empiezan a marcar posiciones y a emitir valoraciones diversas que enriquecen el debate. Hoy os propongo un resumen sobre la opinión de la Funciva (Fundación Ciudadanía y Valores), que ha realizado un informe, denominado "Cinco propuestas para la reforma constitucional en clave federal", realizado por Javier Tajadura (coord.), Elviro Aranda, Josu de Miguel y José María Román, en el cual intentan aportar ideas al debate. Si queréis leer el texto completo de las propuestas, entrad en www.funciva.org.
En primer lugar, en la introducción, reconocen que el Estado autonómico previsto en el Título VIII de la Constitución española es un modelo que, con sus luces y sus sombras, ha dado muestras sobradas de agotamiento y disfuncionalidad. Desde el punto de vista económico, se ha constatado la insuficiencia financiera de las Comunidades autónomas, que se han visto abocadas al rescate y que su mantenimiento, en muchos casos, se ha manifestado superfluo y reducible. En este punto, yo añadiría que también se debería resolver los problemas de duplicidades de gestión, las cuales recaen en las diversas administraciones, y que generan un mayor gasto en los presupuestos de las diferentes administraciones, lo cual incrementa el déficit. Tampoco, dicen, se ha resuelto el encaje de aquellas nacionalidades, que la Constitución intentaba solucionar, al producirse mayores demandas de autogobierno y que gozan de un importante respaldo social. Resuelven, en definitiva, que estos problemas que afectan al modelo territorial podrían canalizarse a través de una reforma de la Constitución en clave federal.
Exponen que el federalismo es el mejor "expediente" para, por un lado, articular un Estado fuerte y eficaz, y por otro, ofrecer un proyecto ilusionante que garantice el respeto a la diversidad, dar respuesta a las demandas de autogobierno, y ofrecer un modelo más integrador. Llegan a decir: "España, como Europa, será federal o no será". En principio, se parte de la base de un cierto rechazo a la bilateralidad o al pacto fiscal (como el modelo vasco y navarro), pero establece unas bases sobre un Estado de estados federales, con unas competencias bien definidas, una Constitución federal, un sistema de financiación justo, etc., con el fin, sobre todo, de hacer el Estado más eficaz y fortalecer la integración política al garantizar la diversidad y el autogobierno. En este punto, yo añadiría que se debe considerar a los federados también gobierno de Estado, ya que al distribuir las competencias, se otorga el poder de éstas a los federados, con lo cual también son gobierno, y por tanto, no deben verse entre ellos como competidores, sino como complementarios. Esta base es la que ha fallado precisamente en el desarrollo del Estado de las autonomías. En demasiadas ocasiones se ha considerado al Estado como competidor, o éste ha considerado a determinadas autonomías como competidoras, y ha dificultado el encaje. Los mecanismos reguladores (Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, conferencias de presidentes,…) han sido utilizados en determinadas ocasiones de forma sesgada y no han respondido a las expectativas sobre el modelo territorial español.
A partir de aquí formulan cinco propuestas para el debate, para aportar ideas para el consenso político, que los ponentes dicen que debería traducirse en una reforma constitucional, que eliminara el Título VIII de la Constitución, así como su artículo segundo, y que debería ser refrendado por la ciudadanía española.
Propuesta nº 1. Propuesta de debate sobre la constitucionalización del número de entidades federativas. Necesidad de reducir el número de comunidades existentes.
Alegan que cualquier debate sobre la federalización del Estado debe comenzar por determinar el número de entidades federativas que van a integrar el Estado Federal, en el bien entendido que las actuales diecisiete comunidades son excesivas. Proponen que el número no podría ser superior a diez, y que debería replantearse su viabilidad. En este punto, creo que las entidades deberían ser aquellas que por razones culturales, lingüísticas o históricas se configuran como nacionalidades o comunidades singulares (como Galicia, Euskadi, Navarra, Catalunya, Illes Balears, Comunidad Valenciana, Andalucía o Aragón) y las que se conforman según el criterio de insularidad o aloctonidad (como Illes Balears o Canarias). La reducción en el número, supondría una reducción de costes y de gasto estructural, así como una notable simplificación del funcionamiento de Estado. La supresión de comunidades que no tenían en su creación una fuerte demanda social, reforzaría la identidad de las entidades federadas en el nuevo Estado, dado el carácter artificial de algunas de ellas. Dicha reforma implicaría la modificación del artículo 2 de la Constitución, para definir en él al Estado como federal y enumerar en él todas y cada una de las entidades federativas que lo componen, pudiendo sólo ser alterado mediante reforma constitucional. Así mismo, las entidades federadas podrán elaborar y aprobar sus "constituciones estatales", subordinadas jurídicamente a la Constitución federal.
Propuesta nº 2. Propuesta de debate sobre la constitucionalización del reparto de competencias entre los Estados miembros y la Federación.
Alegan que se debe llevar al texto constitucional el reparto competencial, que sólo se podría alterar mediante procedimiento de reforma constitucional. Este debate debe prescindir de cualquier prejuicio centralista o autonomista, y debería llevarse a cabo según los criterios de coste y eficacia, y garantizar la igualdad de los ciudadanos y la cohesión social, lo cual no significa una recentralización, según los ponentes, sino una racionalización con criterios de eficacia para lograr una mejor prestación de servicios y un mejor funcionamiento. Este punto, reconocen, será el más complicado de consensuar, porque alude a la distribución de poder político y económico entre los distintos territorios, instituciones y fuerzas políticas, por lo que se debe desideologizar la cuestión, poniendo el interés general por encima de toda polémica.
Propuesta nº 3. Propuesta de debate sobre la constitucionalización del sistema de financiación de la Federación y de los Estados miembros.
Alegan sobre la dualidad del sistema actual de financiación: el foral y el régimen común. La actual Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), modificada en 2009, y que la actual crisis ha manifestado en muchos casos la insuficiencia de tesorería que tienen, tenía una serie de activos positivos, tales como los criterios de asignación (población, dispersión o superficie territorial), mayor equidad y la incorporación del nuevo sistema de fondos (garantía, cooperación y competitividad), resolución del déficit fiscal, pero también con problemas como la falta de transparencia y la escasa responsabilidad, además de una sensación por parte de algunas comunidades de expolio fiscal, que acaban por crear una sensación de desequilibrio entre ellas. Una reforma en sentido federal debería consolidar un sistema de financiación y corregir los problemas detectados, planteándose también la singularidad foral, verdadero elemento desestabilizador, y el hecho de que Catalunya aspira a un régimen de concierto o pacto fiscal similar al foral, cosa que no admiten el resto de comunidades, algunas de las cuales si solicitan una reforma del sistema de financiación. Se debería reformar el Título VII que aborde las carencias del actual sistema, y que contenga responsabilidad, eficacia y transparencia. Además, debería abordar el principio de ordinalidad, que permitiría poner en marcha mecanismos para compensar a los territorios más perjudicados por los programas de nivelación financiera. Se debe realizar el reparto competencial, en cuanto a nivel normativo, sobre el rendimiento, competencias administrativas y sistemas de compensación financiera.
Propuesta nº 4. Propuesta de debate sobre la constitucionalización de los órganos de cooperación e integración política.
Se debe establecer un marco institucional que facilite la integración del Estado a través de la cooperación continua y fluida entre federación y federados. Pasaría por la sustitución del actual Senado por uno federal, ya que quedó pendiente la articulación de éste como verdadera Cámara de representación territorial, donde se refuerce la integración y cooperación entre los distintos entes territoriales del Estado, además de estudiar otros tipos de mecanismos de cooperación, tales como Consejos Sectoriales o las conferencias de presidentes, siempre bajo el principio de lealtad federal.
Propuesta nº5. Propuesta de debate sobre el establecimiento de un marco federal para las relaciones de España con la Unión Europea.
Se debe garantizar la participación de los entes territoriales en las políticas sobre la Unión Europea.
Las propuestas para el debate me parecen sensatas, se deben abordar determinados problemas con la seriedad y la complejidad que comportan, pero siempre bajo la estela del diálogo continuo, y no bajo ningún concepto, bajo la imposición de un modelo u otro.
